La crisis económica está obligando a un gran número de países a incrementar significativamente su déficit y endeudamiento público. Mientras sea para salvar entidades financieras y ayudar a las empresas, todo el mundo guarda silencio, nadie protesta, pero antes o después habrá quien se pregunte si esta situación es tolerable y hasta qué límite pueden aumentar los desequilibrios presupuestarios.
¿Un Estado puede quebrar? Parece que California está a punto de hacerlo. ¿Pero es un buen ejemplo? Creo que no. Las dificultades por las que pasan sus finanzas públicas tienen su razón de ser en el hecho de que, con anterioridad, sus políticos se han cerrado toda salida, limitando considerablemente su capacidad fiscal. Redujeron los gravámenes sobre el patrimonio y aprobaron la Proposición 13, consistente en que cualquier incremento de impuestos precisa el acuerdo de dos terceras partes de las dos cámaras, lo que convierte el objetivo en poco menos que imposible.
Hoy, la gran totalidad de los estados desarrollados cuentan con suficientes recursos para poder alejar cualquier fantasma de quiebra, siempre que estén dispuestos a aprovechar su potencialidad fiscal, muy dañada en la mayoría de ellos por años y años de neoliberalismo económico. Conviene no olvidar que la contrarrevolución de Reagan-Thatcher comenzó por la reforma impositiva y Bush ha sabido ser un digno sucesor.
España viene sufriendo, desde el año 1988, varias contrarreformas fiscales que han deteriorado progresivamente la suficiencia y equidad impositiva. Pero ese potencial existe, la presión fiscal está seis puntos por debajo de la media de la Europa de los Quince. Sólo se trata de que quiera usarse. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha manifestado recientemente que subir los impuestos no le parece una buena idea. La razón: que sólo el 4% de los contribuyentes declaran rentas superiores a los 60.000 euros anuales.
Conviene hacer varias observaciones. Primero, los 60.000 euros corresponden a la base imponible, que no es exactamente igual que la renta. En ocasiones existe una gran diferencia. Segundo, un 4% de contribuyentes puede representar y de hecho representa, un porcentaje mucho mayor de la renta nacional dada la enorme desigualdad que se da en su distribución. Tercero, una reforma fiscal no tiene por qué limitarse a subir el tipo marginal del IRPF; existen otros muchos aspectos a considerar, tales como el trato de favor que reciben las rentas de capital, el impuesto de patrimonio eliminado últimamente o la desaparición del régimen de transparencia fiscal, con lo que se permite que los más ricos eludan el impuesto mediante el sistema de imputar sus ingresos a sociedades.
Cuarto y último, una familia puede tener una capacidad económica considerable si confluyen en ella varias rentas, aunque cada una de las ellas esté por debajo de los 60.000 euros. La riqueza y la pobreza son siempre relativas. Para ese millón de parados sin ninguna prestación y para muchos jubilados, la mayoría de los que tributan por renta pueden parecerles unos potentados.
Juan Francisco Martín Seco es economista.