fuente: Expansión
La ayuda a los parados que hayan agotado la protección y no dispongan de ingresos beneficiará a más de 300.000 personas y entrará en vigor a mediados de este mes, con efectos retroactivos desde el 1 de agosto, según ha adelantado hoy el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Estos desempleados podrán percibir una ayuda de 420 euros mensuales, en virtud de un anunciado decreto que aprueba mañana el Gobierno.
El ministro ha adelantado hoy a Europa Press los detalles de la medida, que se aprobará mañana en el Consejo extraordinario de Ministros que se celebra poco después la ruptura del proceso de diálogo social. Corbacho ha subrayado que podrán beneficiarse de esta ayuda de 420 euros mensuales, que entrará en vigor a mediados de agosto con efectos retroactivos desde el 1, los desempleados que hayan agotado prestaciones y subsidios y no dispongan de otras rentas.
El período de la dotación será de seis meses y, de esta forma, Corbacho afirma que se evita que «queden desamparados desde el punto de vista de la protección social».
El cómputo de beneficiarios se amplía finalmente, después de que en un primer momento el Ejecutivo hablase de 200.000 aspirantes, con la condición indispensable de que hayan agotado su prestación por desempleo, tanto contributiva como asistencial. Posteriormente decidió incluir al colectivo que ha denominado ‘en situación económica de necesidad’, dado el crecimiento exponencial de familias con todos sus miembros en paro -1.118.300, según los últimos datos disponibles-.
Así, también podrán optar a estas nuevas ayudas las unidades familiares cuyos ingresos totales no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -que en 2009 se sitúa en los 624 euros mensuales-. Según esta última premisa, sólo pueden percibir un máximo familiar de 468 euros al mes.
Las condiciones definitivas descartan dos peticiones de los sindicatos: incluir en la prestación al millón de parados que calculan que no percibe actualmente ningún tipo de prestación y ampliar el período de la dotación a, al menos, un año.
Corbacho ha explicado hoy que el perceptor de esta renta asumirá el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo. Destacó que el objetivo de esta iniciativa, cuya duración no acaba de convencer a los sindicatos, «no es el de hacer un subsidio, sino el de dar una renta de protección para que las personas que la reciban tengan acceso a una formación y puedan volver al empleo lo antes posible».
Hasta un máximo de seis meses
Aunque cada perceptor sólo podrá recibir la ayuda durante un máximo de medio año, el Gobierno mantendrá en vigor este programa de ayudas durante más tiempo. De hecho, su permanencia estará condicionada a la evolución del paro y de las condiciones económicas.
«Parece razonable mantenerlo si la crisis no se acaba en seis meses o si empieza a ser superada pero permanecen sus efectos sobre el empleo, que suele ir un poco más lento. Por lo tanto, seis meses para las personas, que no para el programa», precisó el ministro.
La norma que se aprueba mañana habilita al Gobierno para ir prorrogando este programa de ayudas en la medida en que los índices de coyuntura económica sigan siendo negativos. El Real Decreto que regula esta ayuda entrará en vigor «a partir del 14 de agosto», aunque Corbacho puntualizó que tendrá efectos retroactivos desde el primero de mes.
Coste de 400 millones de euros
El coste de esta ayuda superará los 400 millones de euros y, según Corbacho, se financiará directamente con cargo al Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) y a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El ministro ha reconocido que los márgenes para conceder ayudas públicas «como es natural y lógico», cada vez van siendo menores, aunque dice que al Gobierno le queda margen de maniobra para emprender otras iniciativas ante la perspectiva de que el paro vuelva a la senda alcista en otoño.
«El Gobierno aún tiene capacidad de reacción», ha subrayado, aunque éste sea menor a la que por ejemplo tenía hace un año, cuando el Estado disfrutaba de superávit y su deuda representaba la mitad de la media europea. «Es verdad que hace un año había una situación financiera mucho mejor y, por tanto, más margen de maniobra (…) En las nuevas medidas, deberemos partir de la base de que se adoptan, no ya sobre una situación de superávit sino de déficit, y no ya sobre una situación del 30% de deuda, sino superior», explicitó.
Medida coyuntural, como en la industria del automóvil
Asimismo, Corbacho recordó que, al igual que se ha hecho en otros países, muchas medidas que se han ido adoptando son coyunturales, por lo que una vez finalizadas, lo invertido en ellas podrá dedicarse a dar una respuesta nueva a otra coyuntura o circunstancia del momento.
Como ejemplo, el ministro puso las ayudas al automóvil: «Llegará un día en que el sector del automóvil se recupere y alcance una cierta normalidad, entonces no será razonable que de los impuestos de los ciudadanos demos una parte a otros ciudadanos para que se compren un coche»; algo que, según dijo el ministro, «todo el mundo entiende que se haga en este momento de crisis para impulsar esta industria».